Democracia y estado liberal

El gobierno de la UDP tuvo dos caras, estuvo signado por la incapacidad de administrar la grave crisis económica que los militares dejaron como herencia y por una vocación democrática que salvó el difícil proceso que se iniciaba.

Con minoría en el congreso, una dura oposición de MNR y ADN y una presión insoportable de la COB y los trabajadores al mando de Lechín, el ejecutivo se encontró huérfano, adicionalmente el MIR en una muestra de inmadurez política abandonó el gobierno a los pocos meses de haber impuesto a través de su ministro Ernesto Aranibar la desdolarización que llevó al desastre a miles de pequeños ahorristas.

En menos de dos años la situación económica tocó fondo. La producción cayó en un 40 %, las exportaciones descendieron de 1.030 a 670 millones de dólares, el pib decreció hasta el límite de – 4,5 % en 1983, la inflación pasó de 123 % en 1982 a 8.767 % en 1985.

Las reservas monetarias llegaron a cero. Las huelgas, bloqueos y marchas llegaron al paroxismo, el Banco Central paró 51 días, le cortaron el agua y la luz al palacio de gobierno y la casa presidencial. En marzo de 1984, 12.000 mineros tomaron y paralizaron la ciudad de La Paz.

En junio el Presidente fue secuestrado por diez horas en un intento frustrado de golpe. La situación se hizo insostenible, el Presidente Siles hizo una nueva huelga de hambre sin éxito, la iglesia le pidió una actitud de desprendimiento que se tradujo en la renuncia a un año de su mandato y la convocatoria a elecciones.

En 1985 Hugo Banzer ganó la elección por mayoría relativa frente a Paz Estenssoro que obtuvo el segundo lugar. El caos económico provocó un retorno del votante de la izquierda al centro y a la derecha. Pero el congreso no ratificó a Banzer, eligió a Paz, por primera vez el segundo en el voto era ungido Presidente.

Paz comenzó su gobierno con una frase dramática pero real “Bolivia se nos muere”. Un equipo económico al mando de Gonzalo Sánchez de Lozada (presidente del senado, luego ministro de Planeamiento) diseñó un decreto con medidas económicas que se conoció para la historia por su número, el 21060. Era el comienzo de una nueva política económica en el país.

El decreto planteaba una reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento salarial y un aumento radical del precio de la gasolina (que cubrió en casi un 50 % los ingresos del tesoro por varios años), el cambio real y flexible del dólar a partir del mecanismo del bolsín, una subasta diaria de dólares en función de oferta y demanda, libre contratación, reducción de personal del estado, liberalización total del mercado y reforma tributaria.

La medida fue rechazada por la COB que fue a la huelga, el gobierno respondió con el estado de sitio y confinamiento de dirigentes (Lechín terminó su carrera sindical renunciando en 1987 a la secretaría ejecutiva de la COB).

El peso que había llegado a cotizarse en 1.800.000 por dólar fue sustituido por el boliviano, con seis ceros menos. Las medidas tuvieron éxito gracias a una alianza entre Paz y Banzer (octubre del 85) en el llamado Pacto por la Democracia que le dio al gobierno mayoría en el parlamento y le permitió aprobar las leyes que requería.

En 1986 la brutal caída de los precios del estaño forzó al gobierno al despido masivo de los mineros de Comibol (casi 23.000), lo que provocó una marcha desde Oruro a La Paz de más de 10.000 trabajadores que mediante el estado de sitio fueron detenidos por el ejército a medio camino. Fue el ultimo intento por salvar la minería nacionalizada. La explosión de la actividad del narcotráfico y la plantación de coca excedentaria que se había iniciado en la última etapa del gobierno de Banzer, llegó a niveles muy graves en los gobiernos militares de principios de los ochenta.

La exportación de droga hacia los Estados Unidos y Europa llevó las relaciones de Bolivia con Estados Unidos a un grado de extrema dependencia y de condicionamiento por el tema coca-cocaína. Esto impulso al gobierno a dictar la ley 1008, instrumento implacable contra el tráfico de cocaína y producción ilegal de coca, así como la intervención de militares de EE.UU. en acciones absolutamente ineficaces contra el narcotráfico.

En 1987 se realizaron elecciones municipales, recuperando una tradición rota por la Revolución de 1952. El fortalecimiento de la democracia municipal fue clave para darle mayor poder directo al ciudadano. Desde entonces los procesos electorales municipales se realizaron regularmente.

En 1988 nacieron dos partidos populistas, Conciencia de Patria de Carlos Palenque un exfolklorista y notable comunicador que logró aglutinar a su alrededor a los sectores más desposeídos del occidente de Bolivia y Unidad Cívica Solidaridad de Max Fernández, empresario cervecero que sobre la base del poder de la CBN logró un respaldo de voto importante en sectores populares del valle y los llanos del país.

Paz Estenssoro terminó su gobierno habiendo logrado derrotar la hiperinflación y estabilizar la economía, una tarea que parecía imposible al iniciar su gestión, aunque el costo social traducido en un alto desempleo y un bajo nivel adquisitivo de los salarios fue muy alto. Las elecciones de 1989 contaron con un inesperado candidato, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR que ganó las elecciones por corto margen a Hugo Banzer.

La ulterior elección en el congreso dio lugar a una sorprendente alianza entre Banzer y Jaime Paz Zamora, jefe del MIR, antiguos enemigos ideológicos aparentemente irreconciliables. Esa alianza le dio la presidencia a Jaime Paz que llegó al mando de la nación a pesar de haber sido tercero con apenas el 19 % de los votos populares.

El gobierno de Paz Zamora fue de sostenimiento, mantuvo la estabilidad económica y logró un crecimiento promedio del 3.4 % del pib, el más alto en los últimos quince años. La estructura de las exportaciones cambió, pasó de la casi exclusividad de minerales (estaño, zinc, tungsteno, plomo y plata) al gas en los años ochenta y a los llamados no tradicionales en los noventa, fundamentalmente soya y en menor medida madera.

El gobierno no se atrevió a encarar su mayor desafío, un proceso de privatización que anunció y no realizó. El tropiezo mayor fue la concesión del litio en el salar de Uyuni que no se hizo ante presión de sectores radicales de los comités cívicos.

En 1992 se realizó el censo de población y vivienda, arrojando un total de 6.4 millones de habitantes, una mayor población urbana que rural (57-43 %) y un crecimiento espectacular de Santa Cruz, consolidada como segunda ciudad del país y primera economía de la nación. El analfabetismo que en 1950 era superior al 70 % había caído al 20 %.

Comenzó a ser importante el tema de la defensa de la ecología que requirió de una nueva legislación en este ámbito, como la ley de medio ambiente de 1992 y el reconocimiento de los derechos de los indígenas del oriente tras las marcha por el territorio y dignidad (1990), que estableció el concepto de territorios indígenas en esa región del país.

Los acuerdos políticos de 1992 permitieron la sustitución de una Corte Electoral seriamente cuestionada y el nombramiento de una nueva, que garantizó desde entonces elecciones limpias y libres de toda sospecha. Se comprometió también la aprobación de modificaciones a la Constitución política y se establecieron las bases de una reforma educativa.

En el ámbito de la lucha contra las drogas, Paz Zamora planteó la idea de que coca no es cocaína, lo que lo enfrentó a Estados Unidos. Un nombramiento equivocado del jefe de la fuerza contra las drogas (FELCN), determinó la intervención abierta del embajador de Estados Unidos que obligó al Presidente a destituir a ese funcionario, al ministro del Interior y al comandante de la policía.

Años después EE.UU. le quitó su visa de ingreso por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. A fines de 1990 en un operativo para rescatar al empresario secuestrado Jorge Lonsdale, la policía mató a sangre fría a tres terroristas del grupo Néstor Paz Zamora que hicieron el secuestro, además de torturar y matar a otro terrorista en prisión.

En las elecciones de 1993 triunfó por segunda vez, pero en esta ocasión con holgura Gonzalo Sánchez de Lozada, frente a Hugo Banzer. El gobierno de Jaime Paz, aliado con ADN, estaba muy desgastado y acusado de creciente corrupción. Sánchez de Lozada y el MNR, presentaron un ambicioso programa de cambios estructurales que buscaban consolidar el giro de Bolivia a la economía de mercado. Para ello se alió con UCS y con el MBL de Antonio Araníbar y Miguel Urioste. Los tres pilares fundamentales del programa eran la capitalización, la participación popular y la reforma educativa.

La capitalización implicó la venta del 50 % de las acciones de las seis principales empresas del estado, YPFB, ENFE (ferrocarriles), ENDE (electricidad), ENAF (fundiciones), ENTEL (telecomunicaciones) y LAB (línea aérea).

Este proceso representó un ingreso de 1.671 millones de dólares por el 50 % de esas empresas, el otro 50 % se destinó a inversión social directa traducida en acciones para todos los bolivianos mayores de 21 años en 1995 y en el pago a todos los mayores de 65 años de un bono anual individual denominado bonosol, el primero y único se pagó en 1997 por una valor de 248 dólares. Acusado de ser una medida electoral, el bono fue suspendido en el gobierno del Presidente Banzer.

La participación popular se transformó en una ley que implicaba la territorialización de los municipios (se establecieron 311 en el país), se repartieron fondos de la participación que salían de un 20 % de los ingresos nacionales y del 100 % de los ingresos municipales, los fondos del estado central se repartían en función de la población de cada municipio.

Esto representó la posibilidad del ciudadano de administrar los fondos de su municipio y decidir sobre ellos. Municipios que antes recibían unos pocos miles de bolivianos pasaron a recibir millones (Villa Tunari por ejemplo, que en 1993 no recibía ni un peso del erario nacional, en 1994 recibió 1.2 millones de bolivianos).

La reforma educativa estableció cambios administrativos, incluyó a los padres en el proceso de fiscalización, estableció la educación intercultural y bilingüe, la transversalidad del currículo y una racionalización en el magisterio. Las medidas fueron duramente combatidas por la oposición y el sindicalismo y obligaron a Sánchez a dictar el estado de sitio para imponerlas.

Adicionalmente, el gobierno estableció la descentralización administrativa con la creación de consejos departamentales y la desaparición de las corporaciones de desarrollo, la reforma de pensiones que pasó al ahorro individual y aprobó las reformas a la Constitución que incluyeron dos nuevos tribunales, el Constitucional y el Consejo de la Judicatura, además de la Defensoría del Pueblo, el mandato presidencial de cinco años y la mitad de los diputados elegidos uninominalmente.

En el ámbito de la justicia se hicieron importantes modificaciones al código penal y se eliminó la prisión por deudas y estableció la ley de fianza juratoria. También se aprobó la ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA) que fue el paso más importante desde la reforma agraria del 53, reconociendo a las comunidades originarias y estableciendo impuestos a la mediana y gran propiedad entre otras medidas.

El juicio a Luis García Meza iniciado en 1986 e impulsado por el abogado Juan del Granado, terminó en 1993 con su condena a 30 años, el fallo comenzó a cumplirse cuando el exgeneral prófugo fue detenido en Brasil y extraditado a Bolivia.

A fines de 1996 se produjo una acción policial con un saldo trágico de 11mineros y un capitán de policía muertos, el operativo manejado irresponsablemente se hizo para recuperar para sus propietarios las minas de Amayapampa y Capacirca, tomadas ilegalmente por los trabajadores.

En el periodo 1982-2000 se hizo énfasis en la infraestructura vial con obras como la terminación de la carretera Cochabamba-Santa Cruz (que pocos años después presentó serios problemas geológicos en uno de sus tramos), el asfaltado Patacamaya-Tambo Quemado que une al país con Arica y La Paz-Desaguadero. También se hicieron aeropuertos nuevos como el de Santa Cruz (Siles) y Cochabamba (Sánchez, Banzer).

Uno de los proyectos más importantes que se cristalizó en esta etapa fue la construcción de un gasoducto entre Bolivia y Brasil para suministrar gas a los mercados de Sao Paulo y Porto Alegre. Fue la mayor inversión económica encarada en Bolivia, solo el lado boliviano demandó 550 millones de dólares. Pactado por Paz Zamora, construido en el gobierno de Sánchez de Lozada e inaugurado por Banzer. La venta de gas a Brasil representará importantes ingresos económicos al país.

En 1997 se convocó a nuevas elecciones que ganó Hugo Banzer con el 22 %, por encima de Juan Carlos Durán del MNR y Remedios Loza de Condepa. Banzer se alió con el MIR, UCS, Condepa y NFR (nuevo partido creado por el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa).

En setiembre de 1997 convocó a un diálogo nacional del que salió una propuesta programática basada en cuatro pilares. Dignidad pilar relativo a la erradicación total de la coca excedentaria, programa que lleva adelante con gran éxito, oportunidad pilar vinculado al crecimiento económico, con una meta de crecimiento del 7 % al final del mandato, equidad pilar relativo a la lucha contra la pobreza e institucionalidad pilar referido al fortalecimiento del sistema judicial y de la democracia. En este campo se nombró una nueva Corte Suprema, a los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y a la Defensora del Pueblo.

El gobierno afrontó una severa crisis económica en 1999 que lo obligó a dictar una ley de reactivación económica con la esperanza de revertir un indicador de crecimiento muy bajo para ese período.